Los clubes de usuarios de cannabis de Barcelona, la ciudad española con más asociaciones de este tipo, están preparando una gran batalla legal contra el ayuntamiento, que ha acordado el cese de su actividad tras tumbar el Tribunal Supremo el plan municipal que obligó a esas entidades a hacer costosas obras de adecuación.
La batalla puede ser cruenta, porque son muchos los afectados por el cambio de las tornas respecto a un modelo de consumo compartido y responsable del cannabis que nació en España y se ha exportado a otros países, hasta el punto de que Alemania lo ha tomado como base para afrontar la regulación de la marihuana en unos meses.
El plan municipal de 2016
En Barcelona llegaron a ser 210 las asociaciones de usuarios de cannabis en 2016, cuando se aprobó el plan municipal que reguló su funcionamiento, y hoy son unas 180, que siguen sumando miles de socios, aunque algunas se han desviado mucho del modelo original de club social para centrarse en la vertiente puramente económica de la actividad y ya más que socios tienen clientes.
La normativa municipal fijó en 200 metros cuadrados la superficie máxima de los locales, exigió una doble puerta de entrada o vestíbulo de separación, la instalación de chimeneas para la expulsión de humos al exterior y una distancia mínima con respecto a los centros de enseñanza obligatoria.
Todo eso obligó a las asociaciones a hacer costosas obras de adecuación, un gasto que sitúan entre los 30.000 y los 60.000 euros -algunas lo elevan hasta los 100.000-, dinero que, a su entender, habrán perdido si no pueden seguir con la actividad para la que fueron hechos los trabajos por exigencia del ayuntamiento.
Las asociaciones, según ha podido saber Público, ya están preparando demandas por daños y perjuicios a causa de las obras que tuvieron que hacer para cumplir la normativa municipal.
En esas demandas reclamarán al Ayuntamiento de Barcelona unas cantidades que, en el caso de que las presentaran las 180 entidades ahora en funcionamiento, podrían llegar a sumar en torno a los diez millones de euros.
El despacho del abogado Oriol Casals es uno de los que ya está estudiando las demandas de dos asociaciones de usuarios de cannabis que han recibido una carta del ayuntamiento en la que, tras la inspección de su local, se les comunica la anulación de la autorización al haber decaído, por sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la normativa municipal que regulaba su funcionamiento.
De momento, según Oriol Casals, se trata de una mera comunicación, ya que el ayuntamiento no ha aprobado ningún expediente de clausura de actividad de estas asociaciones.
El ayuntamiento aún no ha revocado ninguna licencia, simplemente ha enviado cartas informativas. No sé si es mala praxis o engaño.
Pero en el mismo momento en que se apruebe el expediente, asegura que presentarán la reclamación por daños y perjuicios.
Oriol Casals es uno de los promotores de la iniciativa legislativa popular que propició en 2017 la aprobación de la ley catalana para regular el funcionamiento de las asociaciones de usuarios de cannabis, luego tumbada por el Tribunal Constitucional, que estimó, al igual que ha hecho el Supremo con el plan municipal de Barcelona, que la norma invadía competencias del Estado al legislar sobre una sustancia incluida en el Código Penal.
Modelo de exportación
Es una lástima, porque se está perdiendo una oportunidad -dice Casals a Público-. En Alemania se está debatiendo aprobar el mismo modelo que el de Catalunya en 2017, el único modelo de salud pública, de fomento de derechos fundamentales y su ejercicio que ha sido exportado y copiado en el resto de Europa, y que ahora lo perseguimos aquí y decimos que no queremos dar esta imagen. Estamos un poco equivocados. Es un patrimonio de la sociedad y de mucha gente que ha contribuido a crearlo. Me parece un fallo estratégico como país».
A juicio de este abogado, es incomprensible la postura del PSC, partido que votó en el Parlament catalán a favor de la ley de las asociaciones de cannabis y que ahora desde el gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona accede a promover el cierre de los clubes de usuarios. «No entiendo este viraje de 180 grados. Es una posición muy conservadora y retrógrada. ¿Cuántos muertos ha habido en clubes de cannabis en Barcelona en diez años, cuántos problemas, peleas, aumento de la delincuencia? Los problemas vienen de la ilegalidad, de cultivos clandestinos», subraya Casal.
El ayuntamiento, por su parte, alega que tiene que cumplir las sentencias judiciales que han tumbado la normativa municipal que regulaba estas asociaciones, las cuales, a su entender, ya no pueden promover ni permitir el uso del cannabis, únicamente funcionar como clubes privados, como cualquier otra entidad de ese tipo y conforme a la legislación de la Generalitat de Catalunya vigente sobre esta materia.
Fuentes municipales han asegurado a este periódico que ninguna asociación puede permitir ya el consumo en sus locales ni que sus socios se abastezcan con el autocultivo de plantas, porque es ilegal y la inspección actúa en consecuencia, aunque no han podido ofrecer datos de cuántos clubes han sido cerrados por este motivo.
