El Ministerio de Salud (MINSAL) de Chile acaba de presentar un informe clave que redefine la peligrosidad de la cannabis, marcando un avance crucial en el reconocimiento de sus usos medicinales y responsables.
Este documento, diseñado para guiar a los Servicios de Salud en casos judiciales relacionados con la tenencia y el cultivo de cannabis, moderniza la obsoleta Ley 19.366 de 1995 y actualiza la Norma Técnica N°7.
Reconocimientos clave del informe
El nuevo informe, respaldado por evidencia científica actualizada, desmiente aseveraciones previas sobre supuestos daños neurológicos y la adicción al cannabis. En cambio, subraya:
1. Uso medicinal validado
El cannabis es reconocido como una herramienta terapéutica segura, alineándose con el 41º informe del Comité de Expertos en Farmacodependencia de la OMS, que en 2019 avaló su utilidad medicinal.
2. Derecho al cultivo personal
Respalda la legalidad del cultivo personal de cannabis en Chile, tal como lo establece el Decreto Nº 84/2015 y la Ley 20.000 en sus artículos 8 y 50.
3. Distinción entre consumo personal y narcotráfico
Promueve un enfoque diferenciado entre el uso personal y medicinal del cannabis y actividades ilegales como el narcotráfico.
Aspectos científicos y normativos destacados
El documento elaborado por un equipo multidisciplinario liderado por el Dr. Sergio Sánchez, pionero en el uso medicinal del cannabis en Chile, detalla la complejidad química de la planta.
Los cannabinoides, incluidos el THC y el CBD, interactúan con terpenos y flavonoides para producir efectos terapéuticos específicos, un fenómeno conocido como el «efecto séquito».
Además, el informe recalca que:
- El THC no es el único responsable de los efectos psicoactivos, y su concentración no determina completamente el impacto del consumo.
- Existen diversas vías de administración, siendo la inhalatoria y oral las más comunes, cada una con variaciones en la duración e intensidad de los efectos.
Implicaciones judiciales
El informe debilita el uso de la peligrosidad del cannabis como argumento en juicios. En casos de uso personal y próximo en el tiempo, las sanciones podrían reducirse a simples multas.
Esto representa una disminución significativa de la criminalización de los usuarios, promoviendo un enfoque basado en derechos y evidencia científica.
Compromiso del gobierno chileno
El gobierno, a través de esta medida, reafirma su compromiso con la protección de los derechos de los usuarios y pacientes de cannabis, alejándose de políticas punitivas y estigmatizantes.
Este enfoque reconoce el acceso seguro y regulado como una necesidad para fines terapéuticos y personales, diferenciando claramente entre consumo legítimo y actividades ilícitas.
Un modelo a seguir
El informe de MINSAL de 2024 representa un modelo innovador para políticas públicas sobre cannabis.
Al priorizar la evidencia científica y los derechos humanos, Chile se posiciona como un referente en América Latina, ofreciendo una política más justa y moderna que podría inspirar a otros países en la región.
Este avance no solo beneficia a los usuarios, sino que también refuerza la legitimidad de un Estado que aboga por la salud pública y la justicia social.
